Bolivia no necesita una reforma parcial

En Bolivia ha cobrado fuerza una idea que se disfraza de prudencia: la Constitución de 2009 requeriría ajustes puntuales —corregir la justicia, revisar la elección de magistrados, acotar la reelección— pero no una reforma integral. El resto, sugieren, puede permanecer inalterado.

Discrepo profundamente.

Bolivia no padece meros defectos de funcionamiento; enfrenta una crisis de arquitectura. La falla no reside en los diez o veinte artículos que se pretenden reemplazar, sino en la concepción misma del Estado, en la distribución del poder, en el paradigma de la comunidad política y en el vínculo entre ciudadanía, identidad e instituciones.

Por ello, la reforma debe ser total.

La Constitución de 2009 no fue una reforma; fue una refundación. Su lenguaje y su estructura buscaron la ruptura: la República cedió su lugar al Estado Plurinacional; la ciudadanía universal comenzó a coexistir con sujetos colectivos dotados de posiciones jurídicas constitucionalmente diferenciadas; la descolonización se erigió como fin esencial; y el pluralismo jurídico fragmentó la unidad jurisdiccional. Un modelo concebido bajo la promesa de refundación no puede ser corregido con simples retoques.

La primera razón para una reforma total es que la Constitución de 2009 ofreció una respuesta errónea a un problema legítimo. Bolivia es una sociedad diversa —con pueblos, lenguas y tradiciones que merecen protección—, pero blindar esta diversidad no exige que el Estado adopte como propia una lectura histórica parcial de la comunidad política ni que la ascendencia se convierta en una categoría jurídica para organizar la ciudadanía y el Estado.

La diversidad pertenece a la sociedad; la ciudadanía, al orden jurídico.

El Estado debe garantizar la libertad de conservar, transformar o abandonar una identidad cultural. La historia puede explicar desigualdades y justificar políticas de reparación; no debe distribuir grados de legitimidad política entre los ciudadanos ni dictar la naturaleza del Estado.

La segunda razón es todavía más grave: la fragmentación normativa. La Constitución multiplicó los sujetos, las formas de democracia y las jurisdicciones, pero esta dispersión coexistió con una persistente concentración material del poder.

Ese es el gran fracaso de su arquitectura.

Una Constitución puede proclamar la participación mientras preserva una arquitectura de predominio ejecutivo; puede multiplicar órganos y someterlos a mayorías políticas; puede ampliar derechos y, simultáneamente, debilitar a las instituciones que deben garantizarlos. La democracia, en efecto, no se agota en las urnas. Mientras la democracia autoriza el poder, el constitucionalismo lo limita.

El nuevo constitucionalismo latinoamericano, del cual Bolivia formó parte, desarrolló una teoría intensa sobre cómo transformar el poder, pero no desarrolló con igual radicalidad una arquitectura destinada a contenerlo después de la transformación. La prueba de toda Constitución comienza después de la victoria: cuando el partido impulsor gobierna, cuando controla mayorías, cuando debe aceptar límites y cuando pierde apoyo. Ningún partido ni líder es el pueblo; ningún sujeto histórico puede apropiarse permanentemente de la soberanía.

El pueblo es soberano precisamente porque ninguna de sus partes puede declararse soberana.

Una reforma parcial sería insuficiente frente a la crisis de la justicia, que exige revisar integralmente la estructura del Poder Judicial, los procedimientos de designación y la independencia institucional. Tampoco bastaría con corregir la reelección: es necesario cuestionar el presidencialismo concentrado y la estructura que deposita un poder simbólico y político excesivo en una sola persona. Ni siquiera los ajustes económicos bastarían, pues se requiere redefinir la relación entre propiedad, mercado, disciplina fiscal y seguridad jurídica.

Cuando los problemas afectan simultáneamente la forma de Estado, la soberanía, la justicia, la distribución del poder y el sistema de derechos, no estamos ante una materia de reforma parcial. Estamos frente a un problema constitucional total.

Defender una nueva Constitución no implica negar los derechos adquiridos ni volver a un Estado excluyente. Precisamente lo contrario. Bolivia necesita una Constitución social, democrática y garantista, pero, sobre todo, una Constitución común.

Necesitamos un marco que no utilice la genealogía del ciudadano para definir su posición en el orden político. Que proteja las culturas sin convertirlas en fundamento de soberanías diferenciadas. Que reconozca la historia sin utilizarla para distribuir legitimidad constitucional en el presente.

Bolivia necesita recuperar la República.

No la República oligárquica del siglo XIX, ni la centralista; sino una nueva República de ciudadanos iguales, con autonomías territoriales efectivas, justicia independiente, gobierno limitado y mecanismos reales de alternancia. La República pertenece a todos precisamente porque no pertenece, por entero, a nadie.

Una reforma parcial solo conservaría la estructura y maquillaría los síntomas. Bolivia necesita discutir los fundamentos.

No se trata de corregir la Constitución de 2009. Se trata de superar su modelo. La reforma debe ser total porque el problema también lo es.