eye-1255968_640

El gobierno de Boris Johnson, y el ala conservadora de la Cámara de los Comunes en el Reino Unido, ha empezado a tramitar una Ley de Fronteras (Nationalities and Borders Bill). Según el diario El País de Madrid, instituciones como The Law Society, que agrupa a los principales abogados de Inglaterra, ya han expresado su señal de alarma sobre esta materia: el nuevo sistema planteado, definido por el Gobierno como “proceso de un solo paso”, “será imposible de llevar a cabo en la práctica, es poco realista y una barrera para el acceso a la justicia de muchas personas”. La organización ha señalado además que la nueva ley entra en contradicción directa con las obligaciones adquiridas por el Reino Unido después de firmar la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, considerada la base jurídica del derecho internacional en materia de asilo.

En efecto, “hoy, este Gobierno ha decidido no solo expulsar a aquellos que llegan en busca de seguridad, sino tratarlos también como criminales”, ha dicho este martes Enver Solomon, director ejecutivo del Consejo para los Refugiados. “Esta nueva ley antirrefugiados convertirá un sistema que ya es ineficaz en un caos, con mayores retrasos y gastos”, ha añadido.

La premisa de retomar el “control de fronteras”, y el combate contra las mafias, ha sido duramente criticado por el partido laborista representado por Nick Thomas-Symonds, quién enfatizó que “las medidas anunciadas supondrán menos ayuda para las víctimas del tráfico de personas, violarán la legislación internacional, serán igual de ineficaces y no servirán para hacer frente al creciente número de personas que arriesgan su vida para cruzar el canal de la Mancha”.

La era post-Brexit, no toma el mejor rumbo. En una sociedad internacional que requiere un trato más favorable para los refugiados del mundo, las medidas del partido conservador británico, anidan sentimientos de patente discriminación, por decir lo menos. Y ello se suma a la crisis humanitaria provocada por la Covid19, que en su conjunto, hace más difícil la vida de las personas, y sobre todo, de los grupos más vulnerables.

Tanto el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, como la Organización Internacional para las Migraciones, deberían alzar también su voz de protesta en diferentes foros, congresos, y escenarios políticos internacionales. Y es que no se puede permitir ya en el siglo XXI, mayores retrocesos en la materia.

Otro ejemplo significativo de marchas atrás, ha sido la promulgación de leyes – a excepción de España y Francia dentro de la UE – destinadas a evitar la petición de asilo y protección subsidiaria en las representaciones diplomáticas. La década de 1980 empezó con reformas legales que hicieron posible este canal, pero poco a poco los países miembros de la UE, aflojaron el ritmo en una sociedad cada vez más necesitada de recursos para los migrantes y refugiados.

Ojalá, la ley debatida en el Parlamento británico no sea promulgada. Y esto, para bien de la humanidad y del respeto del derecho internacional de los derechos humanos.

Publicado en La Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados peligra en el Reino Unido – El Mono Gramático – Revista Iberoamericana (elmonogramatico.com)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *