Lo que H.C.F. Mansilla omite

La democracia necesita, de manera innegociable, intelectuales incómodos. Necesita voces lúcidas capaces de interrogar al poder, denunciar sus desviaciones y resistirse a la tentación de convertirse en cortesanos de la administración de turno.

Pero el debate público requiere también de otra virtud menos vistosa, más silenciosa y quizá mucho más difícil de sostener en tiempos de polarización: la proporción y la justeza en el juicio.

En estos días, algunas de las críticas dirigidas contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira parecen haber abandonado esa proporción elemental. El filósofo y politólogo H. C. F. Mansilla, uno de los intelectuales bolivianos de mayor trayectoria y agudeza, ha formulado un diagnóstico que resulta no solo severo, sino lapidario: considera que la actual administración reproduce la ineficiencia y la corrupción que caracterizaron al largo periodo del Movimiento al Socialismo (MAS).

Su derecho a expresarlo está, por supuesto, fuera de cualquier discusión. Lo que corresponde debatir en la plaza pública es si una generalización de semejante magnitud hace justicia a la realidad y, sobre todo, si ayuda a comprender el dificilísimo momento histórico que atraviesa Bolivia. Desde La Pólvora, creemos que la crítica intelectual pierde parte de su inmenso valor cuando convierte situaciones de altísima complejidad en sentencias absolutas. Lo que Mansilla parece omitir es el peso abrumador de la realidad material y política con la que este Gobierno tiene que lidiar todos los días.

La distancia entre la tribuna y la arena

No es necesario idealizar la gestión de Rodrigo Paz para reconocer un hecho objetivo: ha recibido un país con sus cimientos estructurales extraordinariamente debilitados. La economía heredada está marcada por años de un déficit fiscal insostenible, el agotamiento dramático de las reservas internacionales, la asfixiante escasez de divisas, la crisis energética y una pérdida casi total de la capacidad financiera del Estado. El Banco Mundial y otros organismos han descrito una economía que, mucho antes del cambio de administración, ya caminaba hacia la recesión tras acumular déficits superiores al 9 % del PIB.

Por supuesto, heredar una crisis monumental explica las inmensas dificultades del presente, pero no justifica que no se deban observar los errores de gestión. Cada demora administrativa, cada decisión que carezca de transparencia y cada política perfectible debe ser señalada. Sin embargo, existe una diferencia abismal entre ejercer una fiscalización rigurosa y declarar, de manera prematura, que todo el aparato gubernamental es inepto o corrupto.

La segunda actitud es ideal para cosechar aplausos fáciles y buenos titulares; la primera, en cambio, es la que verdaderamente ayuda a sostener y reconstruir una República.

Existe una incomodidad esencial que el analista suele olvidar: gobernar no es lo mismo que opinar sobre el gobierno. Quien escribe un ensayo o una columna de prensa tiene el privilegio de elegir la variable que examina, aislar el problema y proponer la solución ideal. Quien gobierna, en cambio, recibe todos los problemas de golpe. El presidente debe equilibrar la falta de recursos presupuestarios, las resistencias sociales, un Congreso fragmentado, las urgencias internacionales y los tiempos burocráticos.

Max Weber lo advirtió con brillante lucidez al distinguir entre la «ética de la convicción» y la «ética de la responsabilidad». El intelectual puede juzgar desde la pureza de sus intenciones; el político debe responder por las consecuencias prácticas de sus actos, una tarea que Weber definió como «el lento trabajo de perforar tablas duras».

El valor del «apoyo crítico»

Después de casi dos décadas de hegemonía del MAS, resultaba ilusorio suponer que un cambio presidencial corregiría en pocos meses las profundas fallas estructurales acumuladas durante años. Equiparar las dificultades y los tropiezos de un gobierno de transición o de reconstrucción con dos décadas de desmantelamiento institucional es, cuanto menos, un exceso retórico.

En una cultura política acostumbrada a dividir el mundo en trincheras de lealtad ciega o enemistad absoluta, hablar de «apoyo crítico» puede despertar sospechas. No debería ser así. Apoyar críticamente al Gobierno de Rodrigo Paz significa desear que tenga éxito en su titánica labor de estabilizar la economía, garantizar el abastecimiento, recuperar la confianza internacional y sanear las instituciones. Su éxito en estas áreas es el éxito de Bolivia.

Esto no exige una adhesión partidaria ni un cheque en blanco. Exige distinguir entre el interés político de corto plazo y la supervivencia del país. Significa respaldar con firmeza las reformas necesarias, pero conservar la total independencia para cuestionar los métodos cuando estos se desvíen del camino correcto.

La responsabilidad de la crítica constructiva

La corrupción, el gran mal de nuestra era, merece un tratamiento riguroso. Si existen hechos concretos, contratos amañados o enriquecimiento ilícito, el periodismo y los pensadores tienen el deber inexcusable de denunciarlos. Pero usar la palabra «corrupción» como una brocha gorda para pintar a toda una administración desdibuja el concepto. Si afirmamos que todos son idénticamente corruptos, borramos las responsabilidades individuales y terminamos, paradójicamente, favoreciendo la impunidad de quienes sí le roban al Estado.

Desde La Pólvora, nuestra línea editorial es clara: ni indulgencia ciega, ni demolición anticipada.

Bolivia atraviesa una transición que requiere madurez. Cuando el Gobierno acierte, lo diremos con claridad, porque el país necesita certezas. Cuando se equivoque, lo señalaremos con la misma fuerza, pero aportando al debate, no apostando al fracaso. La responsabilidad de criticar cuando hay que gobernar exige discernimiento. El apoyo crítico no es silencio, ni mucho menos obediencia; es la forma más alta y constructiva de ejercer la ciudadanía en tiempos de crisis.

Editorial de lapolvora.net