Bolivia: el MAS dejó un Estado capturado y Rodrigo Paz todavía no se atreve a desmontarlo

El problema de la Cancillería boliviana no se reduce a la lentitud de una gestión ministerial ni a la falta de nombramientos diplomáticos oportunos, sino que responde a un fondo mucho más profundo. Durante casi dos décadas, el Movimiento al Socialismo (MAS) convirtió amplios sectores del Estado en la prolongación de su aparato político, y el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, a pesar de su encendido discurso rupturista, aún no ha demostrado la voluntad necesaria para desmantelar esa estructura. Han transcurrido varios meses desde la llegada de Fernando Aramayo al Ministerio de Relaciones Exteriores, y aunque en ese lapso se anunciaron reformas, profesionalización, modernización y una nueva orientación internacional, la realidad cotidiana sigue marcada por vacancias, indefiniciones y, sobre todo, por la permanencia de funcionarios vinculados al ciclo de poder anterior.

La contradicción es tan evidente como preocupante. Rodrigo Paz ha calificado al régimen del MAS de autoritario y ha hablado reiteradamente de reconstrucción democrática, institucionalidad y cambio; no obstante, una parte sustancial del aparato estatal heredado sigue en pie. Resulta imperativo comprender que no basta con modificar el discurso presidencial si permanecen intactas las redes burocráticas, diplomáticas y políticas que durante años sostuvieron un proyecto de poder hegemónico. El cambio real no se mide por las palabras con las que se juzga al pasado, sino por la capacidad efectiva de desmantelar sus mecanismos.

El Movimiento al Socialismo no se limitó a gobernar Bolivia, sino que construyó un sistema metódico de ocupación partidaria donde ministerios, empresas públicas, embajadas, consulados, tribunales, fiscalías y organismos reguladores fueron transformados en espacios de militancia, recompensa y control político. En este esquema, la lealtad partidaria sustituyó al mérito y la obediencia al liderazgo desplazó a la profesionalidad, convirtiendo la pertenencia al proyecto político en un requisito muy superior a la formación, la experiencia o la independencia de criterio. En la Cancillería, esta degradación resultó especialmente visible cuando la diplomacia boliviana dejó de actuar como un instrumento permanente del Estado para convertirse en un aparato de legitimación internacional del llamado «proceso de cambio». Se priorizó así la designación de exministros, dirigentes, voceros y allegados al oficialismo, haciendo de la representación exterior un cómodo refugio para cuadros partidarios.

Aunque sería injusto afirmar que todos los nombrados carecieran de capacidades, el criterio dominante dejó de ser la excelencia profesional para subordinarse enteramente a la confianza política. Ese fue el daño fundamental, dado que la diplomacia exige formación técnica, dominio de idiomas, conocimiento del derecho internacional, economía, negociación e historia. Al reducirse a un sistema de cuotas para premiar la fidelidad partidaria, Bolivia proyectó hacia el exterior una imagen fuertemente ideologizada, más preocupada por respaldar a regímenes como los de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán o Rusia que por defender con verdadera independencia los intereses nacionales.

Las críticas de la excanciller Karen Longaric apuntan al corazón de esta anomalía, señalando un hecho que el Gobierno no ha logrado explicar: tras varios meses de administración, una cantidad relevante de funcionarios heredados del MAS continúa en funciones mientras múltiples representaciones diplomáticas carecen de autoridades definidas. Ante este panorama, es inevitable preguntarse qué está esperando exactamente el Ejecutivo. Evidentemente, no se trata de ejecutar una purga indiscriminada ni de expulsar a cada servidor público por el solo hecho de haber trabajado en administraciones pasadas, ya que el Estado requiere continuidad operativa. Sin embargo, este principio legítimo no puede utilizarse como excusa para blindar en cargos de máxima representación a personas cuya trayectoria estuvo indisolublemente ligada a la política exterior partidaria del MAS. Es crucial entender que un funcionario técnico no es lo mismo que un operador político, que un diplomático de carrera no se equipara a un exministro premiado con una embajada, y que un servidor competente difiere radicalmente de un vocero partidario transformado en representante internacional. Si el Gobierno no es capaz de trazar esa distinción fundamental, lejos de proteger la continuidad institucional, está garantizando la supervivencia de la colonización partidaria.

La responsabilidad directa de este inmovilismo recae sobre el canciller Fernando Aramayo, cuyo discurso inicial prometió una reestructuración integral, profesionalización, modernización y una diplomacia de Estado. Lamentablemente, la retórica reformista pierde todo su valor cuando carece de ejecución visible. A estas alturas, el país tiene el derecho legítimo de exigir respuestas claras sobre cuántos cargos políticos del anterior gobierno fueron verdaderamente revisados y reemplazados, cuáles son los criterios profesionales exigidos hoy para ocupar una embajada, qué misiones siguen en manos de cuadros vinculados al MAS y qué resultados concretos ha producido la anunciada reorientación internacional. Sin respuestas transparentes a estas interrogantes, la promesa de una reestructuración corre el riesgo de vaciarse de contenido, pues la Cancillería no puede sostenerse indefinidamente a base de meros comunicados y reuniones protocolarias.

La inconsistencia principal trasciende al Ministerio de Relaciones Exteriores y recae directamente sobre el presidente Rodrigo Paz Pereira, a quien se le debe recordar que denunciar el autoritarismo exige asumir las consecuencias de enfrentarlo. No basta con calificar al MAS de autoritario mientras sus operadores de confianza ocupan posiciones clave, ni sirve de mucho hablar de democracia mientras las víctimas de persecución política siguen esperando una reparación integral y el sistema judicial conserva intactas sus estructuras de coacción. El Gobierno de Paz parece pretender beneficiarse de un discurso de ruptura sin asumir los altos costos políticos que esta demanda, evitando confrontar de manera frontal los intereses construidos durante casi veinte años. Al administrar una parte significativa del viejo aparato con la esperanza de evitar conflictos, la actual gestión cae en una trampa peligrosa: la pasividad, el cálculo excesivo y la indecisión terminan produciendo el mismo efecto que la complicidad, ya que preservan en la práctica las estructuras de poder que capturaron el Estado.

La situación judicial de Evo Morales ilustra con meridiana nitidez esta profunda contradicción estatal. Si existe una orden de aprehensión dentro de un proceso penal, esta debe ejecutarse conforme a la ley, garantizando por supuesto el derecho a la defensa y al estricto debido proceso. Lo absolutamente inadmisible es la normalización de una zona de excepción donde las decisiones de la justicia quedan suspendidas por la capacidad de movilización y presión territorial de un dirigente, configurando una soberanía territorial de facto que destruye el concepto mismo de Estado de derecho. Esta situación demuestra que Rodrigo Paz puede criticar al MAS en los encendidos discursos, pero en la realidad todavía no logra imponer la ley frente a sus principales figuras históricas, evidenciando que un expresidente no debería gozar jamás de un territorio político inexpugnable para eludir a la justicia.

Mientras el Gobierno hilvana discursos sobre el autoritarismo pasado, las víctimas de ese oscuro proceso continúan esperando un justo reconocimiento, la revisión de procesos amañados, garantías seguras de retorno y el restablecimiento de su honor. Hasta el día de hoy, Bolivia no ha realizado un inventario serio de la persecución política ni ha creado una comisión independiente capaz de depurar los abusos judiciales cometidos bajo el largo mandato del MAS. Evitar este debate revela que el Ejecutivo prefiere administrar las urgencias del presente antes que ajustar cuentas democráticamente con el pasado, ignorando que una democracia que rehúye examinar el autoritarismo anterior queda inexorablemente condenada a convivir con él. Por supuesto, la solución no pasa por caer en una cacería de brujas ni por sustituir a los antiguos militantes del MAS por adeptos de otra sigla —lo cual sería perpetuar el mismo vicio—, sino por apostar de manera decidida por la profesionalización absoluta del Estado.

El tiempo de la ambigüedad se agota rápidamente y Bolivia corre el grave riesgo de vivir una transición meramente superficial donde cambian los nombres pero permanecen las redes, renovando el discurso mientras la estructura del Estado sigue condicionada por quienes lo ocuparon durante años. Permitir que esto ocurra sería concederle el triunfo definitivo al viejo régimen y certificar el mayor fracaso de la gestión de Rodrigo Paz. El país no necesita revancha, sino justicia institucional, y en este sentido, la Cancillería se ha convertido en la auténtica prueba de fuego de esta administración. Si el Gobierno es incapaz de transparentar y sanear el servicio exterior, difícilmente podrá reformar los engranajes mucho más complejos y arraigados de la justicia, la Policía o el Ministerio Público. El MAS dejó un Estado colonizado y sumamente dependiente que Rodrigo Paz prometió liberar; sin embargo, el tiempo de la prudencia comienza a parecerse demasiado al de la parálisis, confirmando con la permanencia de las viejas estructuras que el desafío mayúsculo de construir una verdadera ruptura democrática sigue trágicamente pendiente.